Micaela Garcia

SI LA LEY ES LETRA MUERTA, NUESTRA VIDA ESTÁ EN RIESGO

LA JUSTICIA ENTRERRIANA EN LA MIRA

SI LA LEY ES LETRA MUERTA, NUESTRA VIDA ESTÁ EN RIESGO

¿Qué pasa actualmente con la Ley Micaela en Entre Ríos? ¿Qué tiene para decir la nueva gestión de gobierno? ¿Cuáles fueron los graves errores que el Estado entrerriano cometió para que el femicidio sucediera? Estas y algunos otros interrogantes, en la nota que sigue.

Micaela Garcia

En la reciente visita del gobernador Rogelio Frigerio y la vicegobernadora Alicia Aluani a Gualeguaychú, La Mala consultó por la situación de la instrumentación de la Ley Micaela en Entre Ríos, donde ocurrió el femicidio de la joven. La respuesta fue vaga y no hay reales proyecciones al respecto. Esto ocurre en medio de un dictamen del Procurador General de la Nación que sostuvo que el juicio llevado por la justicia de Entre Ríos, donde Néstor Pavón fue sólo condenado como encubridor y no como co-femicida, no se ajustó a derecho por lo que hay elementos para que se reabra un juicio.

¿Cuál es el estado del Estado entrerriano en materia de género? ¿En qué situación estamos a siete años del femicidio de la Negra? ¿Por qué la Ley Micaela es importante?

El femicidio de Micaela García fue un quiebre, un clivaje en la historia reciente del feminismo argentino. Dos elementos hicieron de su caso un parteaguas: por un lado, la corta y ejemplar vida de Micaela marcada por su carisma, militancia, compromiso social e involucramiento con el #NiUnaMenos que había nacido al grito de ¡Ni una menos, vivas nos queremos! Por otro lado, el caso de Micaela, como tantos otros, demostró que la falta de perspectiva de género por parte de quienes actúan en nombre del Estado no garantiza la vida ni la integridad de las mujeres expuestas a distintos tipos de violencia misógina.

Con Micaela, en todo lo que el Estado entrerriano pudo errar, erró. Y metió la pata bien feo. Señalar la responsabilidad pública del Estado no significa licuar ni relativizar la responsabilidad penal individual de los agresores sino ampliar la mirada sobre el tema. Los femicidas o violadores no son monstruos, locos o demonios que habitan los márgenes de la sociedad sino personas que integran la sociedad, que son producto de ella y que, anclados en el desprecio y la objetualización de las mujeres que muchas veces se fomenta, cometen delitos espantosos. No podemos deslindar a estos graves crímenes, como máxima expresión de una violencia y discriminación estructural, de en un complejo y sutil andamiaje cultural, histórico, social y económico que reproduce la desigualdad y la vulneración de las mujeres y disidencias.

Recordemos rápidamente los graves errores del Estado entrerriano en el caso de Micaela:

1- El juez de ejecución penal Carlos Rossi había decidido arbitrariamente otorgar el beneficio de la prisión condicional a Sebastián Wagner, condenado por dos violaciones, a pesar de tener más de media docena de informes penitenciarios que lo desaconsejaban.

2- El Patronato de Liberados no había tenido un seguimiento correcto de la prisión condicional de Wagner mientras gozaba de dicho beneficio.

3- Horas antes del femicidio, el padre de una menor de edad quiso radicar una denuncia contra Wagner por intentar abusar de su hija, pero agentes públicos le negaron este derecho y le sugirieron que volviera cuando culminara el fin de semana, ya que era viernes por la noche. Si la denuncia hubiera sido tomada, Wagner tendría que haber sido detenido esa noche y no habría ocurrido nada de lo que pasó.

4- En la mañana del 1 de abril de 2017, cuando la madre de Micaela, Andrea Lescano, fue alertada sobre la desaparición de su hija, intentó radicar una denuncia para que comience la búsqueda. La policía se negó argumentando que Micaela era mayor de edad y sólo procedieron tras la insistencia de Andrea. Se sabe lo importante de las primeras horas de búsqueda en un caso de desaparición ya que con el paso de las horas se pierden pistas. En el caso de Micaela, el desenlace ya se había producido, pero en el caso de un secuestro extorsivo o un secuestro con fines de explotación, el paso de las horas en el inicio de la búsqueda hace una diferencia definitoria.

5- Rossi fue absuelto en el jury que se le realizó por mal desempeño y, tras una breve licencia, regresó a su cargo en el que continúa al día de hoy.

6- En el juicio por el femicidio de Micaela, Wagner fue condenado a cadena perpetua. Sin embargo, Néstor Pavón, coautor del hecho, según la perspectiva de la familia García y de la Fiscalía, en base a numerosos elementos probatorios, fue condenado solo por encubrimiento, por lo que tuvo una pena breve y hoy se encuentra en libertad.

Mientras Micaela era buscada en todo el país, Pavón escondió y ayudó en la fuga de Wagner. Desvió la investigación. Limpió el auto con el que Micaela fue secuestrada y con el que se llevó su cuerpo para ser descartado. En el coche se comprobaron marcas de barro en el asiento del acompañante, así como pudo acreditarse que fue imposible que Wagner en soledad introdujera a la joven en el auto, manejara a la vez que la retenía e hiciera todo lo demás. Pero todo esto fue desestimado por la justicia entrerriana y Pavón está libre.

Sin embargo, un nuevo capítulo se abrió hace unos días, cuando la procuración general de la nación emitió un dictamen en el que recomienda a la Corte Suprema de Justicia de la Nación hacer lugar a la queja presentada por la querella para que se dicte un nuevo juicio, conforme a derecho, contra Néstor Pavón.

¿Qué pasará con él? ¿Cómo actuará la provincia de Entre Ríos esta vez? ¿Ha cambiado el sistema de justicia entrerriano en estos siete años que transcurrieron desde el asesinato?

En diciembre de 2018, el Congreso Nacional, con una amplia mayoría en la Cámara Baja y unanimidad en el Senado, aprobó la Ley N° 27.499 o Ley Micaela –Capacitación Obligatoria en la Temática de Género y Violencia contra las Mujeres–, una normativa que vino a cumplimentar compromisos que el Estado argentino ya había contraído cuando, en 1994, dio rango constitucional a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y al integrar el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas.

La ley fijó la capacitación obligatoria para todas las personas que se desempeñan en los tres poderes del Estado, convirtiéndose en una bandera de militancia, lucha y esperanza para la familia de Micaela y para el feminismo. Yuyo García y Andrea Lescano, recorrieron todo el país impulsando la adhesión de las provincias a la Ley que lleva el nombre de su hija para evitar que otros casos se lleven vidas.

Paradójicamente, Entre Ríos fue una de las últimas provincias en adherir a la Ley Micaela y su instrumentación ha sido un arduo esfuerzo signado por resistencias y bajas partidas presupuestarias (en ocasiones subejecutadas).

Subrayando el compromiso profesional y amoroso que decenas de talleristas y replicadoras/es de la Ley Micaela han realizado para hacer de ella una realidad efectiva en suelo entrerriano, muchos obstáculos impidieron una correcta instrumentación en las mismas instituciones estatales implicadas en el femicidio. A esto se suma ahora, en el contexto nacional y provincial de la minimización (o directa negación) de la perspectiva de género, la ausencia de previsión acerca del destino de la Ley.

En ese sentido, en el marco de la reunión de Gabinete ampliado que, el lunes pasado, el Ejecutivo provincial realizó junto al Ejecutivo de Gualeguaychú, La Mala dialogó con la vicegobernadora Alicia Aluani, a quien le consultó por el estado de situación de la Ley Micaela: “si yo tengo que responder a esto pecaría por falta de conocimiento, no estaría en conocimiento de si se está aplicando, yo creo que sí, pero me faltan los números para comparar y decir concretamente”, dijo la funcionaria.

En tiempos adversos para la promoción de los derechos de las mujeres, de desfinanciamiento público, de achicamiento universitario (instituciones claves en la instrumentación de las capacitaciones), en medio de una interpelación al Poder Judicial entrerriano por su accionar en el caso de femicidio de Micaela García, ¿qué va a pasar con la Ley Micaela en Entre Ríos y en la Argentina?

Sabemos que los años pasan y la sensibilidad de la sociedad frente al horror a veces se desdibuja. Micaela no vuelve al abrazo cálido de sus padres que aún luchan, como Quijotes contra molinos de viento, contra el olvido, la ignorancia y la indiferencia. El Estado sigue errando y su actuar ineficiente no protege a las mujeres vulneradas. Las gurisas transitan las calles donde anidan los Pavones impunes. La sonrisa de la Negra nos profana el sentimiento de derrota para sacudirnos. Si la Ley cae en letra muerta, nuestra vida está en riesgo.  

RECOMENDACIÓN:

MICAELA GARCÍA, LA CHICA DE LA SONRISA ETERNA

Es un libro homenaje que busca hacer justicia, no sólo por revelar el accionar y la identidad de los asesinos, sino por dar cuenta de los mecanismos que permiten que el #NiUnaMenos siga siendo un horizonte posible, pero aún lejano en nuestra sociedad. Su autor es Santiago García, periodista y docente en escuelas primarias y secundarias. Estudió Comunicación Social en la UNER y trabajó en diversos medios gráficos y radiales de la provincia en los últimos veinte años. Actualmente, es voluntario de la Fundación Micaela García La Negra, creada por sus padres, después del femicidio, con la intención de continuar construyendo “la sociedad que Mica soñó”.