INTRODUCCIÓN A LAS INSTITUCIONES IMPLICADAS
En Argentina, el cannabis es un tema complejo, que ha dado de qué hablar en los últimos años. Se han introducido regulaciones necesarias, pero, como la mayor parte de las políticas públicas, no están exentas de los vaivenes políticos de nuestro país.
La marihuana es legal, pero sólo en algunos casos: bajo marcos regulatorios, se permite el cannabis medicinal -Ley 27.350, que crea el Registro del Programa Nacional de Cannabis (Reprocann)- y el cáñamo industrial -Ley 27.669, que crea la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame). Sin embargo, el cannabis psicoactivo (con más de 1% de THC) para uso recreativo, sigue siendo ilegal, aunque la Ley 23.737 despenaliza la tenencia para consumo personal (pero no su cultivo).
En las leyes mencionadas se crean dos entes que regulan toda la cadena de producción y consumo del Cannabis en Argentina. Por un lado, el Reprocann es un programa del Ministerio de Salud creado en 2017, enfocado en la investigación médica y el acceso al cannabis medicinal para pacientes registrados. Por otro lado, la Ariccame es la agencia reguladora, creada en 2022 bajo la órbita del Ministerio de Economía, responsable de otorgar licencias para la producción industrial de cannabis medicinal y cáñamo industrial.
Adicionalmente, otro protagonista es el Instituto Nacional de Semillas (Inase), ente del cual dependen las autorizaciones para garantizar todo el proceso vinculado a asegurar semillas nacionales legales. Entre ellas, las del cannabis.
Las implicancias del Inase (que van desde el desarrollo a la venta de las semillas) se dividen en seis categorías de permisos:
-De criadero: aquel dedicado al fitomejoramiento, búsqueda e inscripción de nuevas variedades.
-De introductor: aquel que ingresa al país germoplasma extranjero con fines comerciales
-De identificador: produce y comercializa semilla de clase identificada, de variedades creadas por un criadero
-De comerciante: comercializa semilla producida por terceros
-De productor bajo condiciones controladas: multiplica semillas utilizando procesos de laboratorio o aplicando técnicas especiales
-De vivero identificador: produce esquejes o plantines de variedades de un criadero.
INTRODUCCIÓN AL CONFLICTO
Desde principios de 2024 se intervino la Ariccame, lo que suspendió el proceso regulatorio vinculado a la producción legal del cannabis medicinal. A través del Inase, se bloqueó el sistema que permite la actualización de permisos ligados a la producción y venta de semillas. Y, tras el vencimiento de los permisos, las personas que buscan renovarlos se encuentran con un sistema bloqueado.
Esto presenta problemas que son muy riesgosos para varios sectores: hace que actividades legales pasen a ser ilegales (recordamos: toda tenencia y cultivo de cannabis, sin la debida autorización, sigue prohibida y castigada por la ley penal) y que miles de personas no tengan acceso legal al cannabis medicinal. Entonces, a la creciente y novedosa industria del cannabis nacional le quedan dos caminos: cerrar o enfrentarse al riesgo de que la justicia actúe en su contra, que puede dar hasta 15 años de prisión por actividades como el cultivo ilegal.
“A la creciente y novedosa industria del cannabis nacional le quedan dos caminos: cerrar o enfrentarse al riesgo de que la justicia actúe en su contra”
REGULACIÓN EN ENTRE RÍOS
Para conocer la situación de la provincia, La Mala dialogó con Alan Peter, actual presidente de Cooperativa Agroindustrial Paraná Ltda. Su actividad consiste en la producción de hortalizas de estación de manera agroecológica y orgánica, entre ellas, las plantas de cannabis para uso medicinal.
“En 2021 el Inase autorizó la inscripción de semillas de cannabis para uso medicinal en el registro nacional de cultivares, abriendo una nueva etapa en la industria nacional y marcando un hito a nivel mundial. Sin embargo, en marzo de este año los fitomejoradores que estamos registrados en el Inase nos desayunamos con una nueva resolución de la Ariccame que exige que para seguir operando con el Inase se debe tener previa autorización de la Ariccame, la cual aún no está otorgando licencias para cannabis medicinal, lo está haciendo sólo para cáñamo industrial”, contó el cooperativista.
Además, describió la situación compleja del Reprocann, que, a partir de diciembre de 2023, y por el desfinanciamiento de los organismos públicos en general, quedó paralizado casi en su totalidad: “En los últimos dos años han otorgado muy pocos permisos, con una espera mayor a 24 meses y mediante recursos de amparo”, contó Peter. Al tiempo que hizo referencia a que, meses atrás, “salió una nueva resolución (3132/2024) en la que Reprocann y el Ministerio de Salud establecen, como requisito excluyente para inscribirse en el registro, tener indicación para uso de cannabis y sus derivados, firmada por un profesional médico que ‘se encuentre registrado en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (Refeps) y tenga una diplomatura o maestría sobre el uso medicinal de la planta de cannabis medicinal’”.
“Miles de personas están quedando del lado de la clandestinidad por la incompetencia del Estado”
“Miles de personas están quedando del lado de la clandestinidad por la incompetencia del Estado. A esto hay que sumarle la dificultad de acceder al listado de los médicos especializados, lo que dificulta el pronto acceso al tratamiento”, agregó.
Mientras las licencias se vencen, el mercado sigue funcionando por canales informales: nuestro país se llena de semillas que ingresan por contrabando y se comercializan abiertamente (generalmente, a través de las redes sociales) y sin ningún tipo de control.
¿Condenar a la ilegalidad significa alguna solución?